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El precipicio del Brexit cada vez está más cerca, pero Bruselas y Londres han anunciado este martes de manera extraoficial un acuerdo sobre el paracaídas que evitará un doloroso estropicio económico y social el próximo 29 de marzo de 2019. Aun así, la Comisión Europea sigue adelante con los preparativos logísticos y legislativos que se pondrían en marcha el 30 de marzo si el acuerdo con el Gobierno de Theresa May descarrila en el largo y proceloso camino que tiene por delante.
El equipo negociador europeo, liderado por Michel Barnier, concretará este miércoles los detalles del acuerdo en una reunión a puerta cerrada con los representantes permanentes en Bruselas de los 27 socios europeos. El texto pasará entonces a revisión en las capitales, un proceso que podría prolongarse durante unos 10 días y en el que podrían surgir problemas.
Bruselas confía, sin embargo, en superar con holgura esa prueba porque el equipo de Barnier ha mantenido muy al día a todos los Gobiernos sobre el curso de la negociación, y en la reunión a nivel ministerial de este mismo lunes ya recibió la luz verde para buscar el acuerdo definitivo con Londres. Y si el Ejecutivo de Theresa May también da su visto bueno al texto pactado, el presidente del Consejo Europeo convocaría una cumbre europea antes de finales de este mes para que los 27 den su respaldo al máximo nivel al histórico acuerdo de salida de la UE.
El texto definitivo podría cerrarse en la cumbre europea de diciembre (13 y 14), que marcaría el inicio del proceso de ratificación a ambos lados del canal de la Mancha. El trámite podría pasar previsiblemente sin grandes dificultades en el Parlamento Europeo, donde la mayoría de los grupos se dan por satisfechos con las importantes concesiones arrancadas a Londres por Barnier, en particular, en cuanto a la preservación de los derechos de los ciudadanos europeos residentes en suelo británico. Pero la tramitación se prevé mucho más incierta en Westminster, donde partidarios y enemigos del Brexit podrían formar una pinza que, por razones contradictorias, abortase el acuerdo con Bruselas.
Por si acaso, la Comisión ha aprobado este mismo martes una comunicación que intensifica los planes de contingencia que se pondrían en marcha en caso de llegar al 30 de marzo sin un pacto sobre las condiciones de salida del Reino Unido. El texto, que se suma a otro aprobado en el mes de julio, se centra en las medidas necesarias para facilitar que los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa no se vean afectados y paragarantizar la estabilidad en el sector financiero, en el tránsito aduanero, en el transporte aéreo, en el comercio de productos fitosanitarios, en la transferencia de datos y en la política de cambio climático y energía.
El plan, presentado en Estrasburgo por el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se ciñe a las medidas “necesarias para proteger los intereses vitales de la UE”. Y el organismo comunitario insiste en que el plan se mantendrá en vigor solamente durante un limitado período de tiempo.
En el sector aéreo, la Comisión anuncia que propondrá las medidas necesarias para permitir que las aerolíneas del Reino Unido sigan volando sobre el territorio europeo incluso si se llega a un Brexit no pactado. Bruselas eximirá a los pasajeros y al personal de cabina procedente del Reino Unido en un segundo control de seguridad en los aeropuertos europeos.
El transporte de mercancías por carretera no saldrá tan indemne. Bruselas asegura que la legislación europea no permite extender las licencias de las que disponen ahora los transportistas británicos, por lo que si no se llegara a un acuerdo verían limitado de manera considerable su acceso a Europa.
Los trámites aduaneros también se complicarían, aunque la Comisión invita a las autoridades nacionales a aplicar cierta flexibilidad. Aun así, Bruselas advierte de que será muy difícil garantizar la fluidez en los puntos de mayor densidad de tráfico con Reino Unido.
En el sector financiero, el plan de emergencia solo afectaría a la liquidación de derivados, cuya dependencia de la City londinense parece imposible por ahora sustituir. En caso de Brexit sin acuerdo, Bruselas se compromete a reconocer a Reino Unido un régimen temporal y condicional de equivalencia que permitiría mantener las operaciones en la capital británica. La Comisión también invita a las autoridades nacionales del sector a sellar acuerdos de cooperación con Londres que permitan el intercambio de información relacionada con las instituciones financieras en caso de un Brexit sin acuerdo.
La preservación de los derechos de los ciudadanos parece ser el área teóricamente más sencilla porque el Gobierno de May se ha comprometido a preservar el estatus de los europeos en suelo británico incluso en caso de un Brexit brutal. La Comisión también da por descontado que los residentes británicos en territorio comunitario podrán obtener un permiso de residencia si su país abandona de manera abrupta la UE.
Los puntos pactados hasta ahora
La primera parte de la negociación del Brexit se cerró hace un año y zanjó los puntos más sensibles relacionados con los ciudadanos y con las facturas pendientes de Londres con el club europeo.
Londres se comprometió en diciembre de 2017 a mantener los derechos de residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar y asistencia sanitaria a los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. El mismo beneficio se reconocerá a los europeos que lleguen a la isla durante el período de transición de salida (de marzo de 2019 a diciembre de 2020). Y todos esos derechos serán irrevocables una vez que Reino Unido se convierta definitivamente en un país tercero para la UE. Los socios europeos, por su parte, ofrecerán las mismas contrapartidas a los británicos que residen en sus territorios.
El acuerdo también zanjó la factura de salida, que ascenderá a unos 50.000 millones de euros. En 2019 y 2020, a pesar de estar ya fuera de la UE, el Gobierno británico mantendrá su aportación al presupuesto de la UE, que asciende a unos 7.000 millones de euros netos al año. También deberá asumir alrededor del 13% de los pagos pendientes acumulados por la UE, que al cierre de 2016 alcanzaban los 239.000 millones. Y correrá por cuenta de Londres una parte del gasto de las pensiones de los actuales eurofuncionarios, incluidos los no británicos. Ese pasivo asciende a 67.000 millones. En el saldo favorable a Londres se sumarán los 3.500 millones de su capital en el BEI y los 55 millones de su capital en el BCE.
El tercer punto pactado, y tal vez el que más ha lamentado el Gobierno de May, fue la aceptación de mantener la libre circulación en la isla de Irlanda, sin poner fronteras ni aduanas entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte (que es territorio de Reino Unido). Esa concesión de Londres ha colocado el proceso del Brexit al borde del colapso durante 2018. La solución buscada para superar al escollo amenaza con someter a Reino Unido a las normas europeas durante un período indefinido. Una claudicación que Theresa May intentará imponer a su Gobierno en las próximas horas.
