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El protocolo sobre Gibraltar, incluido como anejo en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, crea un marco de cooperación, hasta ahora inexistente, entre Londres y Madrid para abordar las relaciones entre la colonia británica y la comarca circundante del Campo de Gibraltar.
A lo largo de sus seis artículos, el protocolo crea tres comités hispano-británicos (no alude a la presencia de representantes gibraltareños, aunque Londres siempre los ha incluido en su delegación) para abordar asuntos que van desde los derechos de los trabajadores transfronterizos a la lucha contra el contrabando, la protección del medioambiente o la cooperación policial y aduanera. Estos comités bilaterales deberán reportar a un comité especial integrado por representantes de Reino Unido y la UE, que abordará posibles discrepancias, por lo que la Unión tutelará la marcha de la cooperación hispano-británica.
El protocolo reconoce a los españoles que trabajan en el Peñón (10.000 aproximadamente) la condición de trabajadores transfronterizos y los derechos que el acuerdo prevé para los mismos; en particular, los de libre entrada y salida del territorio o los de no ser discriminados respecto a los empleados locales en remuneración, condiciones de trabajo y despido o derechos sociales, tanto para ellos como para sus hijos. Las autoridades competentes de España y Reino Unido formarán un comité de coordinación de asuntos laborales y se intercambiarán trimestralmente información actualizada sobre los trabajadores fronterizos.
También habrá un comité de coordinación sobre asuntos de medioambiente (tratamiento de basuras, calidad del aire, investigación científica y pesca) y otro sobre cooperación policial y aduanera. A ambos podrán ser invitados representantes de la UE.
Tal como se había anticipado, el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre un istmo cuya soberanía reclama España como propia, ha quedado aparcado. El protocolo se limita a señalar que las normas de transporte aéreo de la Unión que no se apliquen al aeródromo gibraltareño antes del 30 de marzo de 2019, fecha de salida del Reino Unido de la UE, solo afectarán al mismo después de que Londres y Madrid hayan “alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre el uso del aeropuerto”.
Aún más espinoso es el tema fiscal. El protocolo señala que España y Reino Unido buscarán las fórmulas de cooperación necesarias para alcanzar una “total transparencia” en asuntos fiscales; así como para “luchar contra el fraude, el contrabando y el blanqueo de capitales” y resolver los conflictos sobre residencia fiscal. El acuerdo obliga a Gibraltar a cumplir los estándares del G-20 y la OCDE sobre transparencia y buenas prácticas fiscales; y compromete al Reino Unido a aplicar en la colonia, en junio de 2020, las convenciones sobre control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de lucha contra el contrabando del mismo; así como a poner en marcha un sistema de trazabilidad de los cigarrillos. Para combatir el contrabando de los productos sujetos a impuestos especiales, el Reino Unido impondrá en la colonia tasas sobre el alcohol y el petróleo.
Además del protocolo, que es el único texto jurídicamente vinculante, España y el Reino Unido han acordado cuatro Memorándums de Entendimiento (MOU), más detallados, sobre derechos de los ciudadanos; tabaco y otros productos; cooperación medioambiental; y cooperación policial y aduanera; y se han comprometido a negociar un tratado sobre fiscalidad y protección de intereses financieros.
En el preámbulo del protocolo se hace constar expresamente que sus disposiciones no afectan a las “respectivas posiciones del Reino Unido y España sobre la soberanía y jurisdicción de Gibraltar”.
